Rumbo a Apurímac

Panorama de la relación entre minería y comunidad en la región surandina.

 

En un encuentro de trabajo organizado por la Asociación de Exploradores Mineros, el presidente regional de Apurímac, Elías Segovia Ruíz, expuso sus valoraciones y perspectivas acerca de los conflictos sociales, el ordenamiento territorial, y la relevancia de la autoridad regional en torno a la actividad minera.

Y así es que Segovia enfatizó el rumbo socioeconómico que el gobierno que lidera ha dispuesto para Apurímac: “Quiero que sepan que hemos declarado a Apurímac como una región agro-minera- turística. Tenemos que sincerar el discurso de que la agricultura, la ganadería y el turismo sí pueden convivir responsablemente con la actividad minera”.

Remarcó en ese sentido, la importancia de dirigir como autoridades a los inversionistas, un mensaje sin ambigüedades discursivas: “En Apurímac no existe el “sí” al agua y el “no” a la minería. Aquí le decimos sí a la minería, le decimos sí  al medio ambiente, sí al agua,  sí al desarrollo… de manera que sinceramos  este discurso, dejando sin espacio a las medias verdades e intereses políticos que cambian de postura de acuerdo al escenario. Y tengan por sentado que lo que digo ahora es  exactamente lo que le digo al pueblo; lo contrario sería hipocresía política y los políticos tenemos que desterrar ese tipo de comportamiento”.

 

 

El origen de los conflictos

Segovia manifestó que la conflictividad en torno a la actividad minera se genera entre otros factores, por la desconfianza endémica entre las relaciones del campesino, los empresarios y las autoridades; la corrupción; y la poca competencia otorgada a los gobiernos regionales para ejercer su función al respecto.

En ese contexto, explicó por qué la tarea informativa sobre los beneficios de proyectos de inversión en la zona no cala en la mente de los lugareños. Aseguró que ellos no avistan la posibilidad de recibir ninguna utilidad sea esta económica o social.

Otros de los problemas que señaló Segovia fue la corrupción enquistada en el seno de las autoridades.  “El campesino no busca el trabajo que da la empresa en la empresa, lo hace a través de la autoridad. Dice, yo quiero trabajar y la autoridad le da el trabajo, pero a cambio de recibir una parte de su sueldo. Así se empieza a generar un grupo mafioso”.

Identificó a su vez  la corrupción  existente en la cúpula de las comunidades campesinas. Lamentó que por ambición, algunos líderes comunales exijan a los empresarios un precio excesivo por el uso de sus tierras.  “Le han querido cobrar 15 mil nuevos soles por cada poste a una empresa en las Bambas que va a emprender sus labores de cableado eléctrico”.

Expresó que otro generador de conflictos es la Ley del Canon, y de allí la necesidad de cambiarla. “La comunidad no tiene esperanza en el canon porque no le llega, lo que quiere es algo inmediato”.

Del mismo modo, recomendó a las empresas mineras no negociar extraoficialmente con los comuneros a fin de evitar conflictos posteriores.

 

 

El empoderamiento regional

El presidente regional lamentó que las autoridades centrales desdeñen la labor que se realiza desde las regiones. Hizo votos para que la descentralización del país sea una realidad que se asuma con responsabilidad y respeto a cada uno de sus gobernantes y sus decisiones. “Este no es un mensaje del presidente regional, sino  es la necesidad que tiene este país para construir… las autoridades regionales sí tenemos capacidad de trabajo”, dijo.

Afirmó que en las provincias existe personal técnico con capacidad suficiente para asumir el reto de enfrentar sus problemas y resolverlos. Alentó de esa forma, a que el Ministerio de Economía y Finanzas cambie el patrón centralista.  “La Ley de Presupuesto la hace el MEF, por qué no hay un cambio en la historia. No quieren dar facultades al gobierno regional para promocionar la inversión privada, ni siquiera en alianza público-privada y, ¿cuál es el argumento?, que no hay técnicos capaces”, aseguró.

Anunció que Apurímac junto a las regiones de Ayacucho, Huancavelica e Ica han formado una mancomunidad económica que ha sido aprobada desde el gobierno recientemente. “Como mancomunidad sí podemos realizar alianzas público-privada para concretar grandes inversiones que bordearían los  US$ 1 500 millones”, y  puntualizó que  tanto el gobierno regional como el gobierno nacional “tienen que dar las condiciones reales para que la minería prospere”.

 

 

Impartiendo orden

“Luego de declarar a Apurímac como una región agro-minera-turística, -afirmó Segovia- el siguiente paso es la zonificación económica y ecológica”.

Indicó que los objetivos de zonificación radican en conjugar la actividad minera y la preservación de la salud ambiental. “Aquí hemos dado prioridad a la explotación minera con respeto”.

Informó en ese sentido que la zona de Chincheros y de Andahuaylas con sus valles interandinos se concentraría el desarrollo de la  agricultura; en tanto que la zona destinada a la actividad minera se concentraría desde Andahuaylas hasta las provincias del sur.

Respecto a la minería informal, lamentó que tampoco en este aspecto los gobiernos regionales tengan suficientes  facultades de intervención. Aseguró que de suceder lo contario “asumiría el reto de ordenar la minería informal”. Segovia enfatizó en tanto, la necesidad de definir los roles de competencia para combatir la minería informal frontalmente.

“Les pregunto: ¿Quién es el responsable del tema de minería artesanal?, el Ministerio de Energía y Minas, en parte; los gobiernos regionales, en parte; la PCM en parte…”, expresó.

Igualmente, planteó la labor de diferenciar en primer lugar, al minero artesanal comunero, del  traficante foráneo; y en segundo lugar, diferenciar a la empresa seria, de la empresa que consiguió la concesión de manera irregular.

“¿Dónde ronda la minería informal?, alrededor de la gran minería. Porque el minero informal no exporta, se lo da a una grande… si tenemos que fiscalizar, empecemos con el exportador que esta camuflado. Empecemos de arriba para abajo. Empecemos a hacer que sincere toda la información contable. Así desaparecemos estas mafias”, aseguró Segovia.

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