FORMALIZACIÓN MINERA

Poder Ejecutivo oficializa autorización a pequeños mineros para comercializar oro



Los pequeños mineros recibieron este miércoles, la autorización del Poder ejecutivo para que puedan comercializar el oro, mientras se desarrolla el proceso de formalización de los mineros informales y artesanales.

Para ese fin, la empresa Activos Mineros S.A.C podrá realizar gradual y progresivamente operaciones de compraventa de oro, que deberán ejecutarse considerando el valor de mercado, tipo de producto y lugar geográfico donde se ubican, sin que la adquisición implique subsidio o distorsión en el mercado.

El Banco de la Nación prestará los servicios bancarios necesarios para el pago de las operaciones de compra de oro efectuada por dicha empresa a los pequeños mineros informales y artesanales que están en proceso de formalización.


Programa de formalización
Según el decreto, Activos Mineros S.A.C tendrá la tarea de implementar un programa temporal de formalización a través de la comercialización de oro a los mineros artesanales.

Este programa constará con un registro de transacciones donde los mineros artesanales en formalización registrarán sus transacciones y operaciones de compraventa.

Asimismo, la empresa deberá efectuar estudios de precios en todos los niveles aplicables de la cadena productiva del oro, para establecer precios de referencias en operaciones de compraventa.

Para dichos efectos podrá realizar operaciones de compra de oro, exclusivamente a pequeños productores mineros y artesanales, así como realizar operaciones de venta.

También deberá efectuar estudios sobre el almacenamiento, transporte y trazabilidad del oro, para lo cual podrá realizar contrataciones específicas, directamente o a través de terceros.

El encargo especial que se otorga a Activos Mineros S.A.C se realiza por el plazo del proceso de formalización establecido por el Estado.

El Ministerio de Energía y Minas proveerá de los recursos necesarios para la sostenibilidad financiera del encargo especial materia del decreto supremo, con cargo a su presupuesto institucional y sin requerir recursos adicionales.

La norma es refrendada por la vicepresidenta de la República y encargada del Despacho de la Presidencia, Marisol Espinoza; y los ministros de Energía, Jorge Merino, y de Vivienda encargado de Economía, René Cornejo.